Hoy le he preguntado al presidente del Gobierno, Marcelino Iglesias, a qué porcentaje exacto de los Presupuestos Generales del Estado ascenderán, en los próximos ejercicios, las inversiones estatales en Aragón garantizadas por el nuevo Estatuto de Autonomía. Iglesias ha dicho que “ni Aragón ni ninguna Comunidad Autónoma podría contestar hoy a esa pregunta”. Yo creo, y se lo he dicho en mi turno de réplica, que esto no es así: los Estatutos de Cataluña o Andalucía, ya leyes orgánicas, obligan al Estado a invertir un porcentaje determinado de sus presupuestos para inversiones, y de hecho los presupuestos de este año 2007 así lo han hecho ya con Cataluña. Otras comunidades que están a punto de aprobar su Estatuto han aprendido la lección, como Baleares, y otras que lo tienen aún en tramitación también, como Canarias o Castilla-La Mancha. Todas incluyen porcentajes o cantidades determinadas que el Estado deberá respetar. Aragón no lo ha considerado necesario.

Esta es una de las razones por las que CHA no está de acuerdo con el texto de reforma de nuestro Estatuto. De las inversiones del Estado dependen carreteras, aeropuertos, el transporte ferroviario. ¿Qué pasa si nos llega menos dinero? Que esas infraestructuras se resienten. Y si queremos mejorarlas, nos toca pelear cada proyecto con el Gobierno central, que en demasiados casos hace oídos sordos. O también puede decir, como de hecho hace, “arreglénlas ustedes mismos”. Es lo que ha sucedido con la carretera N-125, de competencia estatal, que une la autovía de Logroño con el aeropuerto de Zaragoza y PLA-ZA. Ante la reivindicación del Gobierno de Aragón de que debía mejorarse el tramo entre el aeropuerto y la plataforma logística para que tuviera cuatro carriles y pudiera absorber el tráfico que se generará entre ambos, el Gobierno central lo ha tenido fácil: ha transferido a la comunidad ese tramo, que ahora es la A-220, para que sea arreglado con cargo a los presupuestos de Aragón. ¿Qué significa eso? Que el Gobierno de Aragón deberá detraer dinero inicialmente destinado a asuntos que sí son de su competencia desde el inicio (otras carreteras, educación o sanidad) para acondicionar aquello que era responsabilidad del Gobierno central pero que éste no ha querido asumir. El Estatuo no va a contribuir a solucionar este tipo de situaciones.