Chunta Aragonesista se ha abstenido en la aprobación del traspaso a Aragón de los medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Aun considerando que sería oportuno asumir estas competencias (que el Estatuto recoge desde 1996), entendemos  que el acuerdo alcanzado con el Estado no es en absoluto satisfactorio ni en cuanto a las inversiones en infraestructuras y medios informáticos, ni en la dotación para gasto de personal, ni en la mejora del servicio público de Justicia que la Comunidad Autónoma deberá prestar a los ciudadanos a partir del 1 de enero.

El Estado va a traspasar a Aragón unas infraestructuras judiciales en situación muy precaria, especialmente en la ciudad de Zaragoza, una situación de la que él mismo es el único responsable por no haber invertido lo necesario en los últimos años. Para darle la vuelta a esta realidad, la transferencia acordada para inversiones es insuficiente, lo que significa que va a tener que ser la Comunidad la que haga el esfuerzo económico, detrayendo fondos públicos de otros servicios esenciales. Poniendo un claro ejemplo: es como el heredero que hereda sólo deudas y tiene que destinar su propio dinero a pagarlas.

Los 6 millones complementarios, al margen del coste efectivo de la transferencia, para edificios y medios informáticos, no se han calculado en función de lo que Aragón necesita, sino que más bien suena a “café para todos”: es una cifra muy parecida a la que va a recibir, por ejemplo, Cantabria, que también asumirá Justicia el 1 de enero. Comunidad uniprovincial, con la mitad de población y la mitad de órganos judiciales que Aragón (una Audiencia Provincial frente a tres y 46 juzgados frente a 87), Cantabria va a recibir 5 millones de euros, a pesar de que en los últimos años ha recibido el doble de inversión en infraestructuras judiciales que Aragón.

En cuanto a personal, el acuerdo de transferencia no prevé los incrementos de gasto que conllevarán distintas leyes y resoluciones judiciales en tramitación sobre asuntos como los complementos a funcionarios. El miércoles, el mismo día de la firma del acuerdo traspaso en la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Aragón entró en vigor una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la que se reconocen trienios a los funcionarios interinos. Y esta modificación no ha sido tenida en cuenta en la negociación.

CHA también considera preocupante que el Estado vaya a asumir el coste de un segundo juzgado de guardia durante 6 meses, coincidiendo con la Expo, porque ello confirma que la capital no contará en el futuro, de forma permanente, con la doble guardia que reclaman todas las instancias jurídicas. Sería necesario crear dos nuevos juzgados de instrucción y sólo está previsto uno, con lo que se está poniendo un parche para un período concreto pero no se soluciona el problema de manera definitiva.

Finalmente, que el Estado se comprometa a completar las obras que ya en están en curso en dependencias judiciales y a digitalizar todas las salas de vista es, para CHA, lo menos que puede hacer, tras años de déficit de inversiones. ¡Es lógico que el Estado asuma la responsabilidad de obras que deberían estar terminadas hace muchos años! Además, el acuerdo confirma que la ampliación de la Audiencia Provincial de Zaragoza que el Estado había asumido en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado 2008, por un coste de 5,4 millones de euros, se va a quedar en papel mojado.