A partir de ahora podéis seguir mi actividad parlamentaria y mi visión sobre la actualidad aragonesa en el blog colectivo del Grupo Parlamentario CHA:

CHA en la Aljafería

“Las Cortes instan al Gobierno de Aragón a realizar un estudio al objeto de que, por el ejercicio de sus cargos y con pleno respeto a la autonomía local, se pueda garantizar, a los Alcaldes y Alcaldesas de los municipios de menos de 3000 habitantes, una compensación económica con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma”. Esta es la iniciativa que se ha aprobado esta tarde por unanimidad en las Cortes, a partir de nuestra propuesta para que se garantizara, a los cargos electos municipales en municipios de menos de 5.000 habitantes, una compensación económica digna por el ejercicio de sus cargos ya a partir de los presupuestos de Aragón para 2008.

Como veis, CHA era más ambiciosa, pero en aras de la unanimidad y para que saliera adelante la iniciativa, hemos aceptado que se haga inicialmente un estudio (esto significa que la medida aún no se pondrá en marcha en 2008) sobre las compensaciones a Alcaldes y Alcaldesas (y no para el resto de cargos) de municipios menores de 3000 ( que no de 5000 habitantes). Nosotros proponíamos incluir a todos los pueblos hasta 5000 habitantes porque en realidad, aunque en Aragón ya los vemos como pueblos grandes, porque están por encima de la media, en el contexto general estatal no dejan de ser municipios pequeños que se enfrentan en la mayoría de ocasiones al mismo problema y que también deberían beneficiarse de esta medida, que ya se aplica en Navarra o Baleares y pronto también en Cataluña.

Pero bueno. Estamos satisfechos de lo conseguido, porque como ya os he explicado varias veces , el año pasado ya planteamos esta iniciativa como enmienda a los presupuestos, y entonces fue rechazada. Hemos insistido porque nos parece importante que el puesto deje de  resultarles caro a muchos cargos electos de pueblos pequeños, donde no hay recursos económicos suficientes para compensaciones por su gestión. Se suele hablar mucho de los sueldos de alcaldes cuando son muy altos, pero casi nunca nos acordamos de aquellos que no perciben nada o casi nada. Hoy no ha sido así.

El artículo 109 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, dispone que los miembros de las Corporaciones locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva y, cuando el ejercicio de la Alcaldía o de determinadas responsabilidades exijan una dedicación especial, sin llegar a ser exclusiva, el Pleno podrá autorizar la percepción de una cantidad fija y periódica; asimismo, cuando no tengan dedicación exclusiva podrán percibir asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados en la cuantía y condiciones que acuerde el Pleno. No obstante, la precaria situación económica de muchos de los municipios de Aragón provoca que, en la práctica, los cargos electos de tales Ayuntamientos no perciban cantidad alguna.

Chunta Aragonesista se ha abstenido en la aprobación del traspaso a Aragón de los medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Aun considerando que sería oportuno asumir estas competencias (que el Estatuto recoge desde 1996), entendemos  que el acuerdo alcanzado con el Estado no es en absoluto satisfactorio ni en cuanto a las inversiones en infraestructuras y medios informáticos, ni en la dotación para gasto de personal, ni en la mejora del servicio público de Justicia que la Comunidad Autónoma deberá prestar a los ciudadanos a partir del 1 de enero.

El Estado va a traspasar a Aragón unas infraestructuras judiciales en situación muy precaria, especialmente en la ciudad de Zaragoza, una situación de la que él mismo es el único responsable por no haber invertido lo necesario en los últimos años. Para darle la vuelta a esta realidad, la transferencia acordada para inversiones es insuficiente, lo que significa que va a tener que ser la Comunidad la que haga el esfuerzo económico, detrayendo fondos públicos de otros servicios esenciales. Poniendo un claro ejemplo: es como el heredero que hereda sólo deudas y tiene que destinar su propio dinero a pagarlas.

Los 6 millones complementarios, al margen del coste efectivo de la transferencia, para edificios y medios informáticos, no se han calculado en función de lo que Aragón necesita, sino que más bien suena a “café para todos”: es una cifra muy parecida a la que va a recibir, por ejemplo, Cantabria, que también asumirá Justicia el 1 de enero. Comunidad uniprovincial, con la mitad de población y la mitad de órganos judiciales que Aragón (una Audiencia Provincial frente a tres y 46 juzgados frente a 87), Cantabria va a recibir 5 millones de euros, a pesar de que en los últimos años ha recibido el doble de inversión en infraestructuras judiciales que Aragón.

En cuanto a personal, el acuerdo de transferencia no prevé los incrementos de gasto que conllevarán distintas leyes y resoluciones judiciales en tramitación sobre asuntos como los complementos a funcionarios. El miércoles, el mismo día de la firma del acuerdo traspaso en la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Aragón entró en vigor una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la que se reconocen trienios a los funcionarios interinos. Y esta modificación no ha sido tenida en cuenta en la negociación.

CHA también considera preocupante que el Estado vaya a asumir el coste de un segundo juzgado de guardia durante 6 meses, coincidiendo con la Expo, porque ello confirma que la capital no contará en el futuro, de forma permanente, con la doble guardia que reclaman todas las instancias jurídicas. Sería necesario crear dos nuevos juzgados de instrucción y sólo está previsto uno, con lo que se está poniendo un parche para un período concreto pero no se soluciona el problema de manera definitiva.

Finalmente, que el Estado se comprometa a completar las obras que ya en están en curso en dependencias judiciales y a digitalizar todas las salas de vista es, para CHA, lo menos que puede hacer, tras años de déficit de inversiones. ¡Es lógico que el Estado asuma la responsabilidad de obras que deberían estar terminadas hace muchos años! Además, el acuerdo confirma que la ampliación de la Audiencia Provincial de Zaragoza que el Estado había asumido en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado 2008, por un coste de 5,4 millones de euros, se va a quedar en papel mojado.

He presentado varias preguntas parlamentarias para conocer por qué el departamento de Asuntos Sociales no ha consignado partida en el proyecto de presupuestos de 2008 para finalizar la construcción en Zaragoza de un Centro de Atención Especializada para personas con esclerosis múltiple y enfermedades degenerativas. Las obras, que comenzaron en julio de 2006 y se encuentran al 60% de su realización, están paralizadas desde la primavera pasada.

La Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple (FADEMA) nos ha hecho llegar su preocupación por el parón del proyecto y el cambio de actitud del departamento de Asuntos Sociales, que antes de las elecciones se comprometió a completar su financiación y, ahora, con el nuevo equipo de la consejera Ana Fernández, se limita a decir que tiene que estudiar la situación. “Parece que el Centro ha pasado de ser objetivo prioritario a dudar de si tan siquiera es importante”, nos han dicho desde FADEMA.

A nosotros nos resulta también muy difícil entender por qué Asuntos Sociales pone ahora en peligro la viabilidad de un proyecto en el que llevan invertidos más de un millón de euros. FADEMA, que por su parte, ha destinado cerca de 500.000 euros (aportados en su mayoría por la Obra Social de Ibercaja) calcula que sería necesario otro millón y medio para concluir las obras. Pero es que, además, si la financiación no se asegura y las obras no se reanudan pronto, lo ya construido corre riesgo de deteriorarse.

El Centro se está haciendo en un terreno cedido por el Ayuntamiento de Zaragoza en la calle Ruiz Picasso, y está previsto que cuente con 60 plazas de Centro de Día, 16 de esidencia y 250 para servicios de rehabilitación integral, fomento de la autonomía personal y prevención de situaciones de dependencia.

Chunta Aragonesista hace mucho tiempo que trabaja para que se eliminen en nuestros municipios aquellos símbolos y nombres oficiales que nos recuerdan a personas o a acontecimientos ligados a la guerra civil española y al régimen franquista posterior. Hace algo más de cuatro años, el 15 de octubre de 2003, propuse como portavoz de CHA en las Cortes una proposición no de ley, que fue aprobada por unanimidad el 12 de febrero de 2004, en la que quedó plasmada la opinión favorable del Parlamento aragonés “a desarrollar las acciones pertinentes tendentes a conseguir que estos nombres en calles y plazas, sí como placas, grabados, bustos o estatuas, sean sustituidos por otros más acordes con la democracia y el estado de derecho”. 

Recientemente, CHA ha preguntado en el Congreso de los Diputados si el Gobierno estatal tiene intención de cambiar el nombre oficial del aeropuerto de Zaragoza en el caso de que aún mantenga la denominación Aeropuerto de Zaragoza-Sanjurjo (este general, junto a Franco y Mola, el conspirador contra la República y quien organizó el golpe de estado tras un intento fallido en 1932). A raíz de esta pregunta, el otro día aparecía una información en el Periódico de Aragón que sostenía que el aeropuerto ya no se llama así. Sin embargo, no hemos encontrado ninguna constatación oficial de que se haya hecho el cambio, de ahí que hayamos pedido primero información fidedigna al Gobierno, titular del aeropuerto. Queda muy bien explicado en esta información elaborada por nuestra representación en el Congreso y a la que os remito (pinchad aquí).

Hoy nos hemos estrenado: se ha aprobado, por unanimidad, la primera iniciativa del grupo parlamentario CHA en esta legislatura. Ha sido la moción de la que os hablaba en la entrada anterior, la relativa a policías. También se han aprobado iniciativas del PP (para que se cree en las Cortes una Comisión Especial de estudio sobre la problemática del mundo rural en Aragón y para que se mantengan los estudios de Medicina en Huesca) y otra de IU sobre materia forestal. ¿Flor de un día o cambio de actitud hacia las propuestas de la oposición del tándem PSOE-PAR? Veremos.

He presentado hoy en rueda de prensa la moción sobre policías que Chunta Aragonesista defenderá en el pleno de las Cortes de este próximo jueves. En ella, solicitamos que se renueve el acuerdo administrativo con el Ministerio del Interior sobre la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a nuestra Comunidad Autónoma. El acuerdo actual se firmó en 2005 y gracias a él hay actualmente 116 efectivos en esta Unidad, desempeñando tareas de vigilancia y protección de edificios e instalaciones y escolta de autoridades. Desde CHA proponemos que se aumenten el número de efectivos y sus funciones, para que se hagan cargo de aquellas relacionadas con competencias de la Comunidad, como protección de menores, violencia doméstica, medio ambiente urbano, juego, espectáculos y establecimientos públicos o actividades recreativas.
En un segundo punto de nuestra moción, reclamamos al Gobierno de Aragón que remita a las Cortes, en el plazo máximo de un año, un Proyecto de Ley de Coordinación de Policías locales que permita a Aragón desarrollar la competencia exclusiva que, sobre las mismas, tiene desde 1982 y que no está ejerciendo. El Ejecutivo PSOE-PAR ha enviado ya dos veces un proyecto de ley pero luego lo ha retirado, esperamos que esta vez sea la vencida. De nada sirve tener o reclamar más competencias si luego nos las ejercemos. Hoy el Heraldo informa de que el departamento competente, que dirige el consejero Rogelio Silva, está trabajando en este asunto. ¿Emplearán de nuevo esta excusa para no votar a favor de la moción? Lo veremos el jueves. 
Y precisamente sobre la aplicación del rodillo PSOE-PAR a las iniciativas de la oposición aparece también hoy en el Heraldo un artículo: de momento, en lo que llevamos de legislatura, han dado luz verde a dos de las 37 presentadas, y ninguna de las dos es de CHA. No sale en la versión digital, pero sí en papel, mis declaraciones al respecto. Transcribo: “PSOE y PAR no sólo rechazan sistemáticamente las iniciativas de la oposición sino que además tratan de absorber parasitariamente las propuestas: las votan en contra pero cogen las ideas y luego las hacen suyas sin ningún tipo de pudor”. El ejemplo más claro, una moción que presentó el portavoz de Economía de CHA, Chesús Yuste, reclamando deducciones en el impuesto de sucesiones para ciertos discapacitados: la votaron en contra en el pleno (podéis leerlo aquí) y después el Gobierno anunció que la llevarían a cabo, tal y como podéis comprobar en esta información de El Periódico de Aragón. 

Hoy ha comparecido en pleno la consejera de Asuntos Sociales, Ana Fernández, por el caso de las ayudas a jóvenes para la obtención del carnet de conducir (de las que hablaba ya el otro día, si no lo conocéis). Queda aún pendiente, para Comisión, la pregunta que le planteamos desde CHA, pero en esta ocasión daba explicaciones a petición del PP y teníamos también turno de intervención el resto de grupos. La consejera no ha dado respuestas, ni nos ha convencido: ¿qué ha pasado exactamente para que nadie se diera cuenta del fallo jurídico que ha sido, según ha explicado, la razón por la que se han anulado las ayudas anunciadas? ¿Se va a solucionar ese problema? ¿No se va a solucionar? ¿Ha existido publicidad engañosa? Y lo más importante, ¿qué pasa con los 9.000 jóvenes que solicitaron las ayudas, que confiaron en obtenerlas y que se sienten, justamente, engañados? ¿Va a haber otras convocatorias?

Lo que está claro es que no fue casualidad que esta convocatoria surgiera en vísperas de las elecciones autonómicas y dirigida a un sector, el joven, en muchas ocasiones difícil de movilizar, pero de cuya importancia y peso nadie duda. Que cada cual saque su conclusión. La nuestra es que fue una medida electoralista, preparada de manera tan chapucera que no han podido sostenerla. Todo un ejemplo de lo que no debe ser un buen gobierno.

He pedido explicaciones, mediante pregunta parlamentaria, a la consejera de Servicios Sociales y Familia, Ana Fernández, por haber utilizado descaradamente a los jóvenes con fines electoralistas prometiendo, a bombo y platillo, ayudas para la obtención del carnet de conducir para las que no había suficiente dotación presupuestaria. Han vuelto a mentir, y esta vez han tenido que admitir que han engañado al personal (ver noticia).

En marzo pasado, el Departamento de Servicios Sociales y Familia convocó subvenciones para obtener el carné de conducir en las que la “generosidad” de la convocatoria no era acorde con la escasez de dotación económica, a pesar de que ésta fue ampliada pocos días antes de las elecciones de mayo. Sólo había que haber nacido o residir en Aragón, tener entre 17 y 25 años, estar matriculado en una autoescuela y realizar un curso de seguridad vial, pero la cuantía disponible para financiar las subvenciones se limitaba a 200.000 euros, de modo que, si el máximo que podría recibir cada solicitante eran 300 euros, podían beneficiarse 666 personas. Sin embargo, se recibieron más de 9.000 solicitudes. Para satisfacer toda la demanda habrían sido necesarios 2,7 millones de euros, o, si por el contrario, se hubiera repartido el dinero previsto entre todos ellos, cada uno hubiera percibido poco más de 22 euros.

Ahora, una vez que el anuncio de las subvenciones ha cumplido su propósito electoralista, el departamento ha decidido anularlas bajo pretextos de índole estrictamente jurídica que debería haber tenido en cuenta en el momento de convocar estas ayudas inasumibles.

No han aprobado nuestra moción sobre Justicia de la que os hablé hace unos días. Según el PAR y el PSOE, no la rechazan porque estén en desacuerdo con los aspectos para los que pedíamos el respaldo parlamentario, sino porque no es necesario que impulsemos la acción de gobierno (a pesar de que esa es una de las funciones del Parlamento y de los diputados, además de la de control, que recoge el Estatuto de Autonomía). Textualmente, la portavoz del PAR me ha dicho que “no hace falta que usted impulse al Gobierno” (entonces, ¿disolvemos las Cortes?) y la portavoz del PSOE que “la labor del Gobierno es fijar sus propios tiempos de desarrollo de sus políticas” (o sea, que no hay que molestar ni exigir, hay que dejarles hacer, a su ritmo).

Pero el debate de la moción ha deparado más cosas. Ha intervenido al final José Ángel Biel, en su calidad de vicepresidente de la Comisión Mixta de Transferencias y presidente de la parte aragonesa de dicha Comisión (que es la que, se supone, negocia con el Gobierno estatal el traspaso de la Administración de Justicia). Biel ha transmitido su sorpresa porque se plantearan en las Cortes asuntos que deberían llevarse a esa Comisión, y ha pedido que así se haga, porque “aún se está a tiempo de plantear más exigencias al Estado”. ¡Pero es que hace meses que la Comisión no se reúne! Respuesta de Biel: “se reunirá cuando se tenga que reunir”. Cabe señalar también que los pocos detalles sobre el acuerdo de transferencia conocidos antes de que CHA planteara sus iniciativas en las Cortes se conocían porque se habían explicado a los medios de comunicación, no a la Comisión. Así que está muy bien que Biel recuerde que hay un órgano que debe ser informado y que incluso puede intervenir en el proceso.

Después, ha añadido algo que, me da en la nariz, puede ser un primer adelanto de que las transferencias no estarán en enero de 2008. Ha aludido Biel a algunas dificultades y ha dicho que “se puede hacer complicada la fecha del uno de enero”. ¿Aviso a navegantes? ¿Qué ha querido decir? ¿Ha querido decir algo?